La movilidad humana no es un tema reciente, pero ha tomado una gran relevancia a nivel global, regional y local por lo menos en los últimos quince años a causa de las diferentes crisis sociales, políticas, económicas y climáticas que se han acrecentado en diferentes regiones del mundo y que colocan en riesgo a las personas.
Esto, ha llevado a que se modifiquen los flujos migratorios siendo ahora flujos mixtos y complejos por su nivel de dinamismo, es decir, ahora existe una mayor cantidad de personas con diferentes perfiles demográficos, necesidades, estatus migratorio y motivaciones para migrar; sumado a mayores rutas que utilizan, y el tiempo que se encuentran en territorio mexicano es variable según las necesidades y objetivos de las personas. Por ejemplo, UNICEF y ACNUR señalaron que resultado de la pandemia COVID19, las políticas estadounidenses y la saturación de servicios tanto en frontera norte y sur de México, las personas comenzaron a asentarse en entidades del centro de México donde históricamente no llegaba un gran número de personas en contextos de movilidad, lo que implicó para estos organismos, el gobierno y organizaciones civiles desplegar servicios de atención hacia estos lugares.
Para México, dada su ubicación territorial, es una de las principales rutas migratorias en el mundo y también es el cruce terrestre más peligroso debido al número de personas que fallecen o son desaparecidas. Según datos del Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM, tan solo en lo que va del año 2024 hasta el mes de junio, se tiene reporte de 782 personas migrantes que han fallecido o desaparecido en la frontera México- Estados Unidos, entre ellas 40 son niñas, niños o adolescentes (Aguilar et al, 2024).
No obstante, los peligros no se encuentran únicamente en la frontera. Se han identificado condiciones de riesgo que se incrementan para las personas que se encuentran en contextos de movilidad, pues existen regiones del país bajo el control del crimen organizado y otras que enfrentan una disputa territorial entre estos grupos criminales. El Índice Global de Criminalidad (2023) señala que México se encuentra catalogado en el tercer lugar de la lista de los mayores niveles de criminalidad, lugar que lo obtiene por distintos delitos como, por ejemplo, la trata de personas, además de encontrarse entre los países que tienen mayor presencia del crimen organizado. El Comité contra la Desaparición Forzada (ONU, 2022) reconoció que continúa una situación generalizada de desapariciones en gran parte del territorio en el que impera la impunidad y revictimización.
InSight Crime (2023) refuerza lo anterior al mencionar que es en México donde “se encuentran las organizaciones criminales más grandes, sofisticadas y violentas del hemisferio”, quienes tienen un alcance transnacional. Derivado de su geografía y ubicación estratégica de México, sus actividades se han centrado en el tráfico de bienes de contrabando, tráfico de armas, tráfico y trata de personas, la producción y tráfico de drogas ilegales como cocaína, ketamina, metanfetamina y fentanilo. Además, ha quedado en evidencia la estrecha colaboración del crimen organizado con ciertas autoridades.
La situación que coloca en vulnerabilidad a las personas migrantes ha sido ampliamente expuesta pues no únicamente se encuentran frente a condiciones climáticas extremas y los peligros de viajar en un tren de carga o hacinadas en un camión; sino que se ha destacado la coincidencia que existe entre las rutas migratorias y los espacios del crimen organizado con las rutas de trasiego, lo que ha sido aprovechado por dichas organizaciones para cosificar a las personas en movilidad y convertirlas en monedas de cambio para su secuestro, extorsión, reclutamiento, trata, entre otros. Sólo habrá que nombrar casos como la Masacre de las 72 personas migrantes, entre quienes se encontraban los adolescentes Yeimi Victoria Castro y Wilmer Antonio Velásquez en San Fernando, Tamaulipas en 2010; la Masacre de Cadereyta, Nuevo León en 2012 (FJEDD, 2022:26); la de Güémez, Tamaulipas en 2014, y la más reciente en Camargo, también en Tamaulipas a principios del 2021 (CNDH, 2021). Eventos trágicos que dan testimonio de la violencia perpetrada por el crimen organizado que cada vez permea más en México.
En atención a lo anterior, es menester entender como confluyen las actividades de los grupos del crimen organizado, y de qué manera se apropian de la vulnerabilidad de las personas en contexto de movilidad hasta convertirlos en sus mercancías.
A pesar de la existencia del objetivo 10.7 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y su formalización en el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (2018) –en el que México participó de manera muy activa— que buscan se logre gestionar la migración para garantizar rutas migratorias seguras y reducir el riesgo de las personas en contexto de movilidad especialmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes; en México existe una contradicción, pues la política migratoria se ha vinculado al plan de gobierno que apremia la seguridad nacional más que la humana, pues si bien se han creado rutas y fronteras más controladas por las autoridades –sobre todo de militares— esto no ha resultado en entornos más seguros que disminuyan los peligros a la vida de las personas migrantes.
El país ha privilegiado una política de control migratoria restrictiva, disuasiva y de contención más que proteger a las personas migrantes que han sido documentadas en los diferentes sexenios desde Vicente Fox (2000-2006) con el “Plan Sur”; de Felipe Calderón (2006-2012) con la Iniciativa Mérida; de Enrique Peña Nieto (2012-2018) con el Plan Frontera Sur (CHRGM, 2018); y Andrés Manuel López Obrador (2018- 2024) a partir de la implementación y despliegue de la Guardia Nacional junto con fuerzas militares y marinos en las tareas migratorias (FJEDD, 2022), lo que ha generado fuertes enfrentamientos y ambientes de hostilidad por parte de personas funcionarias mexicanas hacia las personas migrantes.
Diversos informes y artículos periodísticos (FJEDD, 2022; Ramírez, 2023; PRAMI-IBERO, 2024) documentan como la participación de las fuerzas armadas (ejército, marina y Guardia Nacional) en la política migratoria ha incrementado la vulneración de las personas migrantes y las ha expuesto a diferentes violaciones a sus derechos humanos, ya sea por el abuso y uso excesivo de la fuerza, o bien, por la colusión que existe entre las fuerzas armadas con el crimen organizado. Estos cinturones de vigilancia militar han provocado que las personas en movilidad busquen rutas o alternativas aún más clandestinas para evitar ser detectadas por las autoridades mexicanas. Rutas y modos de tránsito que aumentan su vulnerabilidad y las exponen a mayores peligros y violencia.
En la actualidad, se ha documentado la presencia de un mayor número de niñas, niños y adolescentes dentro de estos flujos migratorios que viajan dentro de grupos familiares, o bien, por cuenta propia; en el año 2021 se estimó que las niñas, niños y adolescentes representaron al menos el 26% de la población migrante e iba en aumento (UNICEF, 2023). Por lo que considerando el contexto de violencia en México en el que cada hora desaparece una persona, y que por cada víctima de trata existen 20 más sin identificar (UNODC); es imperativo preguntarse:
¿Qué sucede con las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en contextos de movilidad en el territorio mexicano?
➡️ Conoce ¿a qué se enfrentan las niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad en México?:
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