Cada día en México desaparecen 14 niñas, niños y adolescentes.
Uno cada dos horas.
¿Cómo llegamos hasta aquí?
La desaparición de personas de 0 a 17 años no es nueva porque desde 1964 al día en que se termina este documento se han registrado 84,160 casos. Sin restar importancia a lo ocurrido décadas atrás, es un hecho que del 2006 al presente, en el marco de la militarización de tareas de seguridad y la estrategia conocida como guerra contra el narcotráfico, las estadísticas muestran un crecimiento exponencial de las desapariciones en lo general pero también en lo particular. Niñas, niños y adolescentes, al igual que adultos jóvenes de 19 a 29 años, son quienes más están siendo desaparecidos. Están entre las principales víctimas de este delito.
El número oficial indica que fueron 1,896 las niñas, niños y adolescentes desaparecidos en México durante el año 2021. Es decir, las y los desaparecidos llenarían casi cuatro veces el Palacio Legislativo de San Lázaro -con capacidad para 500 curules- o casi completarían la Sala Nezahualcóyotl -con aforo para 2,177 personas- y no entrarían dentro de la sala principal del Palacio de Bellas Artes, que tiene 1,396 butacas. Pero el dato real podría ser aún mayor porque la desaparición de personas es un delito que no siempre se registra. La estadística, difundida por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO),[1] se construye con base en reportes de fiscalías, procuradurías, comisiones locales de búsqueda, autoridades y particulares. No podemos saber de qué tamaño es el subregistro. La estadística con la cual contamos puede tomarse como orientación más posiblemente incompletas.
Aún así, el RNPDNO, ese registro que se actualiza día a día con un número que parece no detenerse nunca, aporta datos valiosos de entre los cuales podemos destacar que:
- En México, la mayoría de las personas desaparecidas de 0 a 17 años son mujeres (55%).
- Las cifras son más elevadas entre mayores de 12 años (74.4%).
- El 40% de los casos registrados corresponde a sólo 3 de los 32 estados del país: Estado de México (23.1%), Tamaulipas (10.4%) y Jalisco (7.5%).
- Ocho de cada diez niñas, niños y adolescentes reportados como desaparecidos son localizados con vida.
Mirarlos de cerca, tal vez, nos permita entender la situación. Qué pasa, por qué están siendo desaparecidos, quiénes, en dónde, cómo.
Empezaremos por mirar a los lugares dónde más ocurre este delito. Son tres estados: el más poblado del país y que rodea a la capital, Estado de México; el norteño y fronterizo Tamaulipas; y Jalisco, uno de los más importantes a nivel político y económico.
Estado de México
Sol Salgado no puede tener agenda fija, sus días se acomodan según urgencias. Corre si hay un dato que podría llevar a la localización de una niña, cancela citas cuando debe partir en urgente operativo para rescatar a un adolescente. Cabello marrón oscuro, mirada atenta y hablar dulce, se disculpa cada vez que pospone su entrevista para esta investigación. En sus mensajes se escuchan voces, sirenas, ajetreo.
Es titular de la Comisión de Búsqueda del Estado de México, cargo al cual llegó con una larga experiencia en el tema. Porque es abogada y maestra en derecho especializada en género. Fue docente de la Universidad Autónoma del Estado de México y en el periodo 2014-2018 fue Fiscal Especial para la Investigación de Personas Desaparecidas, No localizadas, Ausentes y Extraviadas.
Sol Salgado conoce el pulso de estos temas desde el terreno. Dice que desde su experiencia “no hay una sola causa, una causa única” para entender la desaparición de infancias en el Estado de México, el más poblado del país con casi 17 millones de habitantes de los cuales un 33% son personas de 0 a 19 años.[2]
Nombra a la desaparición para trata y explotación sexual alertando de inmediato que “no todo lo debemos encuadrar en este tipo de explotación si no nuestros ojos se ciegan”. Sigue la lista de causas con reclutamiento para delincuencia organizada que ella asocia a “una mala situación económica, uno de los factores que sin duda ha ayudado a la delincuencia organizada a reclutarlos” y también marca como decisivas las violencias dentro del hogar, “un factor expulsor”.
“Yo no podría asegurar que hay una única situación o modalidad por la cual tenemos tantos desaparecidos en el Estado de México sino que lo veo como una mezcla de factores que inciden en que estas sucedan. Porque ni siquiera es un solo actor o un solo modus operandi, son varios y se van hacia lo más vulnerables que tenemos en el estado que son las niñas, los niños y adolescentes”.
Madre buscadora. Ciudad de México, 2015. Crédito: Miguel Tovar
Complejo, así pinta el panorama la comisionada Sol Salgado.
Complejo como es crecer en uno de los estados más violentos. De acuerdo con el registro anual de homicidios, el Estado de México es un territorio especialmente peligroso para ser mujer, con el primer lugar nacional en feminicidios desde hace varios años. Ahí donde la pobreza parece condena porque más de la mitad de la población sobrevive en esas condiciones: 48.9% en pobreza, más 8.2% en pobreza extrema según registros de CONEVAL del año 2020. Lugar de municipios con carencias y más carencias donde, como ejemplos, apenas un 10% de la población tiene acceso a servicios básicos en la vivienda y sólo un 34% tiene acceso a servicios de salud. Ahí donde la población no pobre y no vulnerable es tan sólo el 21% del total, dos de cada diez.[3]
El presente de pobreza y pocas oportunidades con vistas a futuro hace vulnerables a niñas, niños y adolescentes. Entra en juego el poder del reclutamiento para integrarlos al crimen organizado o para trata y explotación sexual pero también, explica la comisionada, trabajos que conllevan condiciones injustas.
“Hay reclutamiento de todos los niveles, no sólo actividades delictivas sino también actividades lícitas que les van a pagar menos, que van a trabajar más horas…ellos están expuestos de manera permanente”. Otra forma de explotación.
Y si dentro del hogar existen violencias, las infancias son más vulnerables aún:
“Porque afuera están esas personas expectantes, esperando la vulnerabilidad, que hay muchísima en la adolescencia y más en los contextos que estamos viviendo en mi estado, y esa combinación puede dar muchísimos resultados. Uno es reclutamiento para delincuencia organizada, otro para temas de explotación sexual, otro es el de actividades lícitas”.
REDIM ha estudiado a fondo el tema de reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos[4], que pone a entre 145 mil y 250 mil infancias de todo el país en riesgo de caer en esas redes. Una situación que exige medidas urgentes como una tipificación delictiva y programas acordes. Desde la experiencia del Estado de México, la comisionada Sol Salgado agrega dos focos rojos: el universo de las redes sociales y el círculo infinito que arranca cuando son reclutados por el crimen organizado.
“A través de las redes sociales está siendo un proceso de reclutamiento permanente. Les ofrecen trabajo, los niños dejan cartas de despedida a sus familiares diciendo sólo eso, que se van buscando mejores condiciones de trabajo. (…) Vemos que [en el reclutamiento] ya ni siquiera tiene que ser del círculo cercano sino con un dispositivo que esté a la mano de los niños, de las niñas, es que puede haber esa oportunidad de trabajo mental de reclutamiento, de convencimiento por mucho tiempo sin que los papás se den cuenta, ellos se dan cuenta hasta el día que el niño o la niña toma dinero de sus propios padres en muchas ocasiones, compra un pasaje y se va.(…) Las cuentas que hemos identificado tienen el común denominador de que tan pronto cumplen su cometido son cerradas. Eso es lo lastimoso, lo lamentable, porque no es sólo una red social, las van alternando”.
Con su teléfono, Sebastián busca información y se divierte. Puebla, 18 de marzo de 2022. Crédito: Miguel Tovar.
Y no sólo abren y cierran cuentas en diversas redes sociales como Facebook, TikTok y juegos en línea. También desechan chips, cambian de celulares, se conectan desde diferentes IP. Las formas de conexión se han ido especializando.
Sigue la comisionada Salgado:
El tipo de explotación regularmente es para comenzar como halcones, empiezan desde yo diría el eslabón más pequeño pero la finalidad, a lo que ellos quieren llegar, es a ser sicarios, personas ejecutoras que contribuyan no sólo al asesinato de los rivales y de las autoridades, sino también al ocultamiento de los cuerpos. Los casos de jóvenes que se han atrevido a hablar, que han sido muy pocos, pues han sido testigos de escenas lamentables. De asesinatos y además colaboración de descuartizamiento y destrucción de los cuerpos. (…) Aquí la preocupación con los jóvenes que hemos rescatado pues es qué tratamiento puede darse a un niño, a una niña que ha tenido que destrozar cuerpos. Es lo más doloroso que nos ha tocado”.
Niñas, niños y adolescentes que desaparecen para ir a desaparecer a otras personas.
Niñas, niños y adolescentes que desaparecen para entrar en un mundo en el cual quedan atrapados. Con ellos también la verdad: si vuelven o les logran rescatar, después sólo habrá silencio:
“Hace algunos meses, por ejemplo, una pequeña de 15 años se fue a Zacatecas y en un operativo contra la Marina pues sí la regresamos pero pues regresamos su cuerpo porque hubo un enfrentamiento y ella estaba con esas personas, ya trabajando, iniciándose a trabajar con ellos (…) Y si esos niños regresan, esos niños no van a decir dónde estuvieron y entonces probablemente tengamos casos cerrados diciendo que el niño no fue víctima de violencia, que estuvo con amigos y pues ahí no obtenemos más información”.
En la extensa experiencia de Sol Salgado, los sobrevivientes de reclutamiento y desaparición rara vez cuentan lo vivido. Porque si presenciaron violencias o fueron parte ya se sienten delincuentes y temen castigos. Porque si hablan, los grupos criminales podrían enterarse y perseguirlos o actuar en contra de sus familias. Si hablan, nunca ocurre durante las primeras entrevistas, siempre bastante tiempo después. La realidad muestra que es imposible llegar a esa instancia ya que la mayoría de las carpetas o investigaciones por desaparición se cierran una vez que son localizados, lo cual representa un área de oportunidad para construir garantías de no repetición y acceso a la justicia en estas violaciones a los derechos humanos.
Aunque la Ley General en Materia de Desaparición dispone en su artículo 105 que tras la localización no necesariamente debe cerrarse la investigación, eso es lo ocurre en la práctica:
“La mayoría [de las carpetas] se cierran, sobre todo si en la primer entrevista refieren no ser víctimas de delito y no tenemos algún otro elemento que lo demuestre. Para mí se acortan las posibilidades de investigación”.
Recuperados de la desaparición, no sabemos qué les ocurrió mientras estaban desaparecidos.
Desaparición como huída
Nos equivocamos si pensamos que todas las niñas, niños y adolescentes desaparecidos en México fueron sustraídos o desaparecidos siempre e inequívocamente por otras personas o enteramente contra su voluntad. Resulta difícil de leer, como tampoco es simple de asimilar: algunas y algunos se van. Huyen.
Debemos complejizar la desaparición de las infancias porque hay reclutamiento, hay trata, hay secuestros pero también existen factores expulsores. En esos casos no podemos hablar de ausencia voluntaria sino más bien de huída como estrategia de sobrevivencia.
Es una situación que con bastante frecuencia le toca enfrentar a Sol Salgado, la comisionada del Estado de México. Le pasó hace pocos días con una adolescente a quien llama Kim. Fue reportada como desaparecida en un municipio y cuando la buscaban esto ocurrió:
“Durante su desaparición, el día jueves, ella presenta un video en Facebook donde dice que no es víctima de ningún delito afuera pero que quería mostrar a las personas lo que vivía día con día. Ella muestra un video, un fragmento de video, donde había sido agredida por su mamá de una manera muy violenta. Se ve cómo golpea la puerta y termina rompiendo la mamá la puerta para entrar a donde está ella.
Nos deja una escena y un panorama muy claro de un factor expulsor de su casa que había motivado a que ella se fuera”.
Una pista indicó que Kim estaba en otro municipio del mismo estado. Allá llegó la comisionada con su equipo:
“Me sorprendió que las vecinas de allá, como en una idea solidaria hacia la niña, cuando llegamos a la vivienda nos la niegan pensando que se la íbamos a entregar a su mamá. No solamente no nos ayudan sino que nos engañan, nos dicen ‘ella no está aquí’ y hasta le ponen a la puerta por fuera para que pensáramos que estaba cerrada desde afuera.
Gracias a la insistencia de nosotros y a que las antenas [de geolocalización] botaban ahí, pues rompemos la puerta y encontramos a la niña pero la vecina dice ‘es que ella me pidió, me suplicó, me dijo que tenía miedo que le regresaran con su mamá y pensó que ustedes como autoridades la iban a regresar’. Le dije que no, que la idea era recuperarla para resguardarla y garantizar que no vaya a regresar a un círculo de violencia pero es un ejemplo de que no saben cómo manejar los adultos cuando algo así está pasando. No saben qué hacer. Y hay muchas fallas de nosotros, las instituciones”.
A Kim le tocó la fortuna de ser rescatada por Salgado, una mujer que no dudó en tomar decisiones:
“Al momento de localizarle pues una de las prioridades no es llamarle a la mamá sino entrevistarse con las autoridades adecuadas, en este caso el DIF estatal, para poderle hacer una entrevista, valoración, así como a sus redes familiares y ver en qué lugar se iba a ubicar”.
Aunque la gestión resultó exitosa, el caso es un ejemplo que nos abre a la posibilidad de todo lo que puede fallar. Violencia dentro del hogar, la adolescente huye con un hombre mayor que podría abusar de ella, la sociedad no confía en las autoridades y, una vez recuperada, aparece otro conflicto en puerta: ¿A dónde llevarla, con quién? ¿Están las actuales instituciones preparadas para resguardar a niñas, niños y adolescentes que huyen de realidades violentas?
En el presente, este tipo de casos recaen en el Ministerio Público – que actúa de forma estigmatizante en muchos casos – y en el Sistema Nacional DIF.
Andrés Marcelo Díaz habla pausado, con paciencia. Es abogado, nació en el estado de Nuevo León y conoce a fondo el tema de la desaparición porque recorre el país documentando casos. Aunque ronda apenas los 35 años[5], Andrés Díaz acumula una larga experiencia: es maestro en derechos humanos, ha sido abogado litigante e investigador en las organizaciones no gubernamentales Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) y Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C. También docente en la Universidad del Claustro de Sor Juana y en el Tecnológico de Monterrey. Desde todo ese andar, le importa que logremos ver que hay quienes viven tales niveles de violencia que se ausentan por decisión de supervivencia. Mirar de frente esa realidad para empezar a pensar cómo dar respuestas:
“En el caso de mujeres hay ya una experiencia, las casas de mujeres o centros de atención que se vuelven resguardo. En teoría también niños y niñas podrían ir a esos centros por el impacto diferenciado que viven. Tenemos que visibilizar y problematizar esto: ya sucede. Es darle la vuelta a lo estigmatizante que dicen los MP de ‘se habrá ido con el novio o la novia’. Es preciso ver cómo tratamos la atención a niños, niñas y adolescentes en una sociedad llena de violencia.
Si dentro del hogar se presentan situaciones de violencia familiar y el niño o niña se quiere ir de casa, ¿qué tenemos que considerar como sociedad sabiendo que tampoco la autoridad ministerial puede decidir plenamente? Debemos considerar que es un país muy violento y la necesidad de salir se presenta. Un país con violencia desaparecedora es distinto”.
Tal vez hay que adecuar las instituciones a estas situaciones como la huida de Kim, admite la comisionada Salgado, y amplía las preguntas a las situaciones en que niñas, niños y adolescentes son hijos de asesinos seriales o personas que cometen diversos tipos de crímenes: ¿cómo vamos a cuidar a quienes viven inmersos en violencias que sus propios padres cometen contra otras personas frente a sus miradas? ¿Qué vamos a hacer por esas infancias que ven cómo en su propia casa se secuestra, asesina y descuartiza?
“No por ser problemas familiares se convierten en de índole privado. Porque mucho me han dicho ‘es que tienen problemas el papá y la mamá en el tema de custodia, nosotros no nos podemos meter’. Yo digo que sí”.
Y piensa en puertas posibles: que todas las instituciones sean “ventanillas únicas de recepción de reportes de desaparición”. Que no haya un camino lineal. Que los intentos de colaboración ya no se pierdan entre tantas leyes y oficinas que marean, confunden, no se sabe a quién acudir. Que no lleguen y se encuentren con que ahí no era, que les toca seguir peregrinando. Propone crear y compartir una ventanilla única que logre enlazar autoridades con sociedad, que permita recuperar la confianza mutua.
Andrés Díaz se pregunta al día de hoy “¿qué significa el interés superior de la niñez cuando la persona, niño o niña, abandona el hogar? Al interés superior hay que ponerlo en confronta con el derecho a buscar y ser buscado. ¿Cómo coexiste ese interés con los otros derechos?”
Rostros y datos de quienes faltan. Glorieta de los Desaparecidos, Guadalajara, Jalisco, 2021. Crédito: Miguel Tovar.
Tamaulipas
Frontera con Estados Unidos y salida al mar, dos condiciones estratégicas que tal vez han sido la condena de Tamaulipas. Un estado donde la violencia asociada al narcotráfico y al crimen organizado, en sus diversas formas, no han dado tregua desde hace varias décadas. Ahí donde ocurren masacres una y otra vez.[6]
También es territorio de peligros para niñas, niños y adolescentes: ocupa el segundo lugar nacional en número de desaparecidos de 0 a 17 años.
Y como en muchos casos, las estadísticas oficiales son escasas o contradictorias: el registro nacional da cuenta de 190 desaparecidos durante el año 2021 en esta entidad. A solicitud expresa, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informa que en ese periodo se abrieron 149 carpetas de investigación, de las cuales 79 fueron cerradas, según respuesta a solicitud de información pública con oficio FGJET/DGAJDH/IP/5503/2022.
Más que los registros oficiales diferentes en el número, llama la atención la poca información – pública – que se desprende de esos documentos. Porque reza el oficio que:
“En cada una de las localizaciones de las niñas, niños y adolescentes se les realiza examen psicológico, médico y los que resulten necesarios, por lo que el personal pericial emite el dictamen correspondiente, así mismo, al momento en que la niña, niño o adolescente es presentado ante el Ministerio Público, por parte del personal Policial éstos emiten un informe en el que se detallan los datos de localización”.
Sin embargo, poco de eso se puede conocer. Aún solicitando información anónima y sin datos personales, sólo responde la institución con un listado de apenas 12 registros de delitos de los cuales niñas, niños y adolescentes fueron víctimas: 4 víctimas de sustracción de menores, 3 víctimas de violencia psicológica, 2 víctimas de violencia física, 1 víctima de desaparición cometida por particulares y 1 víctima de homicidio. Ningún otro detalle.
¿Qué les ocurrió? ¿En qué condiciones vivieron durante el tiempo en que estuvieron desaparecidos o qué situaciones atravesaron? Y sobre todo, si la sumatoria es de apenas 12 casos, ¿qué ocurrió a los demás, a la mayoría de las y los desaparecidos?
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas tampoco aporta datos acerca del perfil de las víctimas. “No se cuenta con la información”, responde a la pregunta sobre el grado de escolaridad que tienen. Aquí sirve tal vez mirar estadísticas oficiales para comprender la situación cotidiana de quienes crecen en el norteño Tamaulipas.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) indica que en ese estado hay 989,999 alumnos entre hombres y mujeres incluyendo primaria, educación media y media superior (según datos recabados en 2020-2021). De ellos, acaban la primaria el 96.4% de las niñas y niños que inician sus estudios, pero el porcentaje de eso que se cataloga como “eficiencia terminal” disminuye de forma importante cuando se analiza a la secundaria, que alcanza un 85.7%, y más todavía en educación media superior, hasta el 74%.[7] Es decir, casi un 15% de las y los adolescentes tamaulipecos no concluye la secundaria y tres de cada diez no acaban el nivel medio superior. Abandonan, reprueban, quedan fuera.
Si miramos al grupo de adolescentes que cursan la secundaria en Tamaulipas, desglosando por sexo, aparece una diferencia importante entre mujeres, que acaban ese bloque educativo en un 87.4% de los casos, y hombres, que apenas acaban en un 80.1%. Más amplio todavía es el abandono de los estudios de los adolescentes hombres en nivel medio superior: apenas termina un 66.8% de quienes iniciaron estos estudios mientras las mujeres que terminan representan un 72.5%.
En este tema aparece un detalle importante de observar: los datos oficiales brindados por SEP parten de considerar abandono en función de quienes fueron inscritos al proceso educativo. Es decir que existe además una cifra – otra – no contemplada: la de quienes nunca se inscribieron. Para medir esa situación se utiliza el porcentaje de “cobertura” o tasa bruta de escolarización, es decir el “número total de alumnos en un nivel educativo al inicio del ciclo escolar, por cada cien personas del grupo de población con la edad reglamentaria para cursar ese nivel”. Así, a nivel primaria la SEP informa que en Tamaulipas la cobertura es del 99.1%, en secundaria 91.8% y en nivel medio superior es del 76.7%. Ello significa que hay un 1%, un 8% y un 13% de niñas y niños y sobre todo adolescentes que ni siquiera están inscritos, que no tienen acceso a educación.
El descenso en la eficiencia terminal de la escolaridad, aquella medida que muestra el porcentaje de alumnado que egresa de cada nivel, en general repite el mismo patrón a nivel nacional. Ronda el 90% en la mayoría de los estados a nivel primario (96.2% promedio nacional), el 80% en secundaria (86.3% promedio nacional) y el 60% (64.8% promedio nacional) en nivel medio superior.[8] Son las y los adolescentes quienes van quedando fuera del sistema educativo. Sin acceso a estudios, con todo lo que eso implica en sus vidas cotidianas como también en sus proyectos y futuro.
Porcentajes que tienen rostros y vidas. Números que parecen poco pero son mucho porque si a nivel país tenemos un total de 6,407,056 alumnos que inician la secundaria en sus diversas modalidades – pública, privada, telesecundaria y técnica -, ese 13.7% que no concluye habla de más de 877,000 niñas, niños y adolescentes que ven truncados sus estudios. Y a nivel medio superior, donde el total del alumnado es de 5,144,673, quienes quedan fuera son casi dos millones de personas (1,810,924).
Sin escuela, sin poder estudiar, con la necesidad de trabajar y la vulnerabilidad de ser presa fácil para diversos tipos de reclutamiento. Un territorio fértil para múltiples violencias.
De acuerdo con el análisis del Centro de Desarrollo Humano Salvador Uribe, organización parte de REDIM radicada en Tamaulipas, el estado terminó un periodo de más 80 años gobernado por el PRI en la alternancia política. Esto trajo cambios que se relacionaron con descuido de la política social, el influyentismo en instituciones clave como el DIF, la SEP o Bienestar; así como una muy probable corrupción y fraudes a través de programas sociales y la clausura de algunos otros programas vitales para la supervivencia. Con altos grados pobreza y desigualdad, e instituciones dedicadas a la niñez que no terminan de consolidar su sentido de protección a la niñez, por hambre las niñas, niños y adolescentes son presa fácil también de esa suerte de ideal del narco. Y con una frontera que no tiene un control real de los flujos fronterizos, toda la “frontera chica” es territorio de brechas y de pasos clandestinos; en un territorio donde han ocurrido encuentros de fosas clandestinas que México no hubiera imaginado siquiera hace algunos años. Terreno fértil de incontables violencias.
Jalisco
La avenida Chapultepec es una de las calles más importantes de Guadalajara, capital del estado de Jalisco. En uno de sus cruces más céntricos hay una gran glorieta con una columna de 50 metros de altura rodeada por un monumento a los Niños Héroes, es decir los cadetes que en 1847 murieron durante la guerra entre México y Estados Unidos.
Durante setenta años ese lugar fue conocido como la Glorieta de los Niños Héroes. Ahora tiene otro nombre: Glorieta de las y los desaparecidos. Así la renombraron en 2018 familiares que buscan a miles de personas desaparecidas durante los últimos años.
El muro exterior de la gran explanada ha ido cubriéndose con rostros y señas de quienes están ausentes. Caras sonrientes, otros retratos de licencias o recortados de alguna foto grupal. Pero al acercarse y caminar en ese círculo de dolor, al pasar foto por foto, cartel por cartel, aparece una característica: las y los desaparecidos de Jalisco son cada vez más jóvenes.
Foto: Miguel Tovar.
Bajan las edades en ese estado donde ya suman 18,000 personas desaparecidas según el último registro oficial; donde las autoridades han tenido que ampliar las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y siempre hay familias a la espera de noticias en la suerte de plaza a su alrededor. Esa provincia que ya creó varios panteones forenses con nichos que se abren cada semana para guardar nuevos cuerpos.
Jalisco es el estado con más personas desaparecidas en los últimos años y con una especial deuda hacia las infancias. Niñez y adolescencia desaparecida en Jalisco: una crisis inadvertida, se titula la investigación realizada por Aletse Torres y Samantha Anaya, publicada por el medio independiente Zona Docs[9] en agosto de 2021. El estudio, que incluye testimonios como también datos oficiales obtenidos vía transparencia, revela que las desapariciones de infancias se incrementan a partir de 2017. Muestra también que existe subregistro o diferencias sustanciales entre fuentes de información, que en Jalisco desaparecen más hombres que mujeres y que el rango de edad con más incidencia es 12 a 17 años (más del 80% de los casos).
Pero el trabajo periodístico también documenta numerosas fallas, huecos, soledades. El inicio es demoledor:
“Alertas que no se emiten, protocolos de búsqueda que no se aplican y acciones de campo que no suceden son algunas de las tantas dificultades que padecen las familias que buscan a las niñas, niños y/o adolescentes desaparecidos en Jalisco; entidad que en la última década concentra una cifra oficial de 804 menores de edad víctimas de desaparición”.
(…)
“Yo se las pedí (las cédulas de búsqueda), pero en Fiscalía me dijeron que la Alerta Amber no me la podrían dar como tal porque mi hijo había desaparecido con un mayor de edad, entonces, por eso la carpeta iba a ir inmediatamente a la Fiscalía de Desaparecidos. Ellos dos están juntos en la misma investigación. (Después) la que me atendió me dijo que la Alerta sí estaba, pero que sólo se había mandado a dependencias como hospitales y la Cruz Roja, pero que no era pública. Yo no sé si en verdad se trabajó de esa manera, pues yo nunca vi publicada la Alerta de mi hijo”. (Estela, madre de Christian Alexander)
Tal como lo han denunciado las organizaciones de familiares, la fiscalía local se niega a brindar datos. Consultada expresamente para esta investigación con preguntas acerca de número de niñas, niños y desaparecidos, tiempo en que han permanecido en esa calidad, número de carpetas abiertas y algunas otras particularidades, respondió negando la mayoría de las solicitudes por considerarlas “información que debe ser considerada y tratada excepcionalmente como de acceso restringido, con el carácter de información RESERVADA Y CONFIDENCIAL” (sic).
Dieciséis hojas con citas de disposiciones varias para concluir que el nivel de escolaridad de personas desaparecidas de 0 a 17 años es información “reservada” y por tanto negar datos al respecto.
Sin embargo, en algunos de los aspectos consultados, la fiscalía jalisciense sí comparte información. En el oficio FE/UT/2625/2022 dice, por ejemplo, que en ese estado las niñas, niños y adolescentes reportados como desaparecidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 permanecieron en calidad de desaparecidos en promedio 20.7 días.
También informa que en 2021 fueron localizados 665 niñas, niños y adolescentes (con independencia de la fecha en que fue denunciada su desaparición, es decir que pueden haber sido desaparecidos en años previos). Además, reporta que se iniciaron 95 expedientes para casos de niñas, niños y adolescentes y que todos están en calidad de “activos” porque “en esta Fiscalía Especial a mi digno cargo, no procede al archivo de Carpeta de investigación alguna”, según texto firmado por Teresa Ikal Téllez Aguirre, encargada de la Unidad de Transparencia.
Que no se cierren carpetas de investigación representa un ejemplo positivo de cara a otras prácticas como cancelarlas una vez que las infancias son localizadas, algo que según testimonios aquí recabados existe e incluso es generalizado en varios estados. Ahora, que sigan abiertas las carpetas o expedientes importa tanto como que continúen las investigaciones.
Enviamos consultas a 6 fiscalías: Estado de México, Chiapas, Tamaulipas, Puebla, Jalisco y la Fiscalía General de la República. En ninguno de los casos fue posible contar con información sobre niñas, niños y adolescentes después de su localización. Pedimos detalles acerca del modo en que las desapariciones ocurren, los delitos que sufrieron las víctimas durante esos períodos, algunas características generales de esos hechos, así como de la población analizada.
Las respuestas: negar información porque la consideran reservada o simplemente decir que sí se elaboran reportes pero sin transparentar los detalles que arrojan. Tamaulipas, por ejemplo, indicó que en cada localización se elabora un dictamen pericial y otro informe del Agente del Ministerio Público. Jalisco informó que se reportan de tres maneras: un aviso telefónico al Agente del Ministerio Público, un “informe policial homologado en el cual el primer respondiente informa a la autoridad competente la localización y respecto a los datos que contiene” y también un oficio donde se informa la localización “el cual puede ser de redacción libre y contener los elementos que se consideren pertinentes”.
¿A dónde va y cómo se analiza toda esa información? ¿Se guarda en algún lugar? ¿Por qué en cada dependencia se reporta de forma diversa, con esa redacción libre, cuando existe la necesidad de procesar y sistematizar la información en formatos ya desarrollados y en teoría vigentes?
Karla Quintana es titular de la Comisión Nacional de Búsqueda y dice que esa falta de información afecta las posibilidades de realizar búsquedas más efectivas. Porque si bien existe un registro nacional:
“Probablemente el 90% de la fuente de registro son las fiscalías y tenemos más de 400 variables de lo que se le pide a las fiscalías y a cualquier autoridad o a cualquier persona que podría llenar esa información. ¿Qué es importante saber? Cuántos días después se le localizó a una persona, si esa persona localizada con o sin vida fue víctima o no de un delito…
–¿Y las fiscalías sí están tomando en cuenta y registrando esos cerca de 400 factores? –se le pregunta.
–No.
–¿No los están registrando?
–No los están registrando.
–¿Y eso se podría hacer si quisieran?
–Se debería hacer porque en este momento el registro tiene información mínima que nos permite saber a quién y desde cuándo se está buscando. ¿Cuál es la mayor información que nos dan? Nombre, fecha de desaparición, si bien nos va, lugar de desaparición y edad de la persona desaparecida”.
Foto: Miguel Tovar.
La guía con cerca de 450 variables existe desde hace dos años. Es el formulario que se desprende del artículo 106 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada (capítulo séptimo, sección primera), que dispone la información que debe contener el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas. Contempla 19 ítems de los cuales se derivan otros porque por ejemplo uno de ellos indica “historia clínica, dental, cirugías y demás datos que permitan su identificación”. Esas más de 400 variables aparecen como opciones a rellenar para cada autoridad, de diversos estados, que actualiza el RNPDNO en tiempo real. Que las autoridades no completen muchos ítems reduce considerablemente las posibilidades de hallar a quienes son buscados pero además hace casi imposible trazar patrones para prevenir futuras desapariciones.
Sea por desidia, falta de capacitación o disputas internas entre instituciones del Estado, de fuentes oficiales hoy prácticamente no sabemos más que números absolutos acerca de las desapariciones de niñas, niños y adolescentes (igual que ocurre en caso de hombres y mujeres adultas).
Desaparición “intermitente”
En el oficio girado por la Fiscalía de Jalisco aparece un dato cuando menos llamativo: la reincidencia. A pregunta expresa, esa oficina estatal responde que “el total de Niñas, Niños y Adolescentes reincidentes denunciados en 2021 son 69”.
Es decir, el año pasado al menos 69 estuvieron desaparecidos más de una vez. Una situación inusual – o tal vez pocas veces estudiada – que nos alerta ante la posible ocurrencia de un fenómeno que algunas personas ha comenzado a llamar “desaparición intermitente”. Un concepto introducido en México por la académica Emanuela Borzacchiello que aparece en el más reciente informe que aborda violencia sexual y feminicida contra niñas y adolescentes en 10 países de América Latina, elaborado por el Fondo de Naciones Unidas de Población (UNFPA) y la organización no gubernamental CLADEM.[10]
“En muchos países de Latinoamérica no existen registros oficiales desagregados que den cuenta de las desapariciones, ni investigaciones o estadísticas que permitan analizar cuánto impacta a las niñas y adolescentes. Pero gracias a investigaciones de corte cualitativo, empiezan a notarse los avances para indagar, denominar y registrar cómo ha cambiado esta modalidad de delito”, dice la investigación difundida en 2021 por CLADEM-UNFPA en su página 29, a lo cual Emanuela Borzacchiello, consultada para esta investigación, agrega: “Es una nueva forma de violencia hacia las adolescentes”. Y describe los hallazgos de sus pesquisas:
“En general son mujeres jóvenes y no se escapan, las devuelven.
No quieren un femigenocidio, no quieren matarnos porque nuestros cuerpos les sirven.
Pero si lo analizas como secuestro o trata es el análisis equivocado. Porque no las usan sólo sexualmente, también para cualquier trabajo relacionado a los estereotipos de género”.
Borzacchiello, de cabello rojizo ensortijado y hablar que entremezcla su natal Italia con su lugar de residencia, México, habla en femenino porque sus investigaciones le han revelado que son mujeres -y jóvenes- las principales víctimas de eso que llama desaparición intermitente. Cuenta que, siendo docente de la Universidad Nacional Autónoma de México comenzó a identificar ese fenómeno cuando sus alumnas le contaron sus experiencias, lo vivido por alguna amiga y la enlazaron con otras víctimas. Así trabajó en unos 50 casos de mujeres de entre 15 y 18 años en su mayoría, ocurridos en la capital y algunos municipios colindantes del Estado de México, donde dice identificó algunas constantes pero también otras muchas preguntas que se abren:
“No hay registro exhaustivo, sólo algunos patrones.
A todas las que yo documenté las violaron. Usaron la violación como instrumento para asegurar su absoluto silencio. Pero hay una amenaza generalizada y un silencio que van más allá de la amenaza sexual: les dicen que si hablan van a matar a su familia, a sus amigos, a su comunidad.
Son más chantajeables porque son jóvenes, no tienen independencia económica y porque su primera experiencia sexual es la violación.
Las familias en general no saben nada porque si ellos denuncian la desaparición, una vez localizada la mujer se cierra la carpeta de investigación, ya no se investiga. Y si vuelve a desaparecer la familia piensa ‘otra vez volverá’ y las autoridades dicen ‘huyó con el novio’ cuando las carpetas deberían seguir abiertas y también investigarse los motivos de la no localización: allá se esconde todo”.
Borzacchiello es hoy investigadora de la Universidad de Texas en Austin y cuenta con experiencia en feminicidio, violencia feminicida y archivos del feminismo. Comenzó a mirar el fenómeno de la desaparición intermitente al vincular los relatos de sus alumnas con otro fenómeno que también observaba, la baja en la cifra de feminicidios en algunos lugares. Cuando un tipo de violencia disminuye, hay que ir a ver cuál es la otra que sube, dice. Y ver a la desaparición intermitente en marco amplio:
“Este tipo de violencia nos dice cómo está cambiando la economía criminal. Toda violencia es un dispositivo que activa y regenera la economía, ya lo decía Karl Marx en el segundo capítulo de El Capital. En el sistema capitalista uno de los pilares es la violencia.
Y aquí, en la desaparición intermitente lo que quitan no es la vida, es la libertad. No podemos analizar este fenómeno fuera de la economía neoliberal: usan nuestros cuerpos y los esclavizan. La perversión de lo patriarcal se extiende. Pero no es trata porque esas mujeres tienen una doble vida: una perfecta, normal, y otra oculta en medio de violencias.
De ellas no he encontrado un perfil de víctimas, es más interclasista, puede ocurrir en distintas clases sociales. Hay chicas que van a la escuela, son alfabetizadas, no tienen problemas económicos en casa y cuentan con un buen nivel de instrucción. Son las chicas que te puedes encontrar en la calle porque van a marchar el 8 de marzo”.
La desaparición intermitente abre una pregunta que tal vez no queremos mirar de frente: ¿por qué se usa a niñas, niños y adolescentes, a cuerpos cada vez más jóvenes, para reproducir violencias?
Y si el feminicidio es una violencia que no puede estudiarse con el mismo patrón que un homicidio, sin dudas la desaparición intermitente, reincidente o como se decida llamar a la situación de desaparecer más de una vez, requiere un abordaje particular.
Lo que Emanuela Borzacchiello conceptualiza en México también está siendo estudiado de forma más o menos similar en otros lugares de la región. En países como Argentina y Uruguay le llaman desaparición intermitente sistémica. Son intentos por entender, describir, complejizar, las economías ilegales con sus nuevas formas de violencia sobre los cuerpos. Uno de los principales problemas para que esos estudios avancen, dice la académica, es poder contar aproximaciones más reales a los datos. Algo imposible si las fiscalías e instituciones públicas no registran las desapariciones y localizaciones con mayor exhaustividad, si continúan sin completar los casi 400 casilleros que deberían y sin difundir después esos datos.
Foto: Miguel Tovar.
Chiapas
Invisibles, así parecen ser las niñas, niños y adolescentes desaparecidos en Chiapas. Completamente invisibles para el Estado.
“Lo que hemos visto en los últimos tres años, del 2019 a la fecha, es que se ha incrementado casi en cuatro veces la cantidad de niños y niñas desaparecidos. En 2019 registramos 183; en 2020, 384 y el año pasado 625.
Y estos datos o esta información está invisibilizada a nivel local por el Estado porque, de acuerdo a las cifras que se reportan al registro nacional, se habla de que el año pasado han desaparecido 51 niños, niñas y adolescentes. Pero nosotros registramos 625, son 12 veces más”.
Quien habla es Jennifer Haza, directora de la asociación civil Melel Xojobal.[11] Desde San Cristóbal de las Casas su voz transmite coraje. El enojo de ver incrementarse las desapariciones al mismo tiempo que aumenta el descuido – o desprecio tal vez – de las autoridades chiapanecas hacia las infancias.
Cuenta que no difunden datos oficiales, ninguna estadística ni registro. Entonces los integrantes de Melel Xojobal van pescando – literalmente – las fichas de desaparición y localización que publica en Facebook la Fiscalía General del Estado de Chiapas.[12] Son conscientes de que una cuenta en una red social no puede considerarse fuente oficial pero saben también que no hay más lugares de donde obtener información. Así construyeron su recuento que documenta 12 veces más casos de los que el propio estado reportó al registro federal.
Tremendo abismo en sólo un año. “¡Es demasiada la brecha, pues!”, dice Jennifer enojada. Y cuenta que no sólo hay un subregistro, también hay silenciamiento:
“Hay una parte que tiene que ver con la capacidad institucional y por otra la invisibilización, digamos, de las diversas situaciones de conflicto de violencia armada en la región. El caso más sonado es el de Aldama, que ahí están los balazos, está la Guardia Nacional, la policía.
Pero están también los enfrentamientos de los grupos armados en la frontera [con Guatemala], donde hay muertos. Aquí en San Cristóbal, donde vemos el incremento de la violencia armada y de las omisiones del Estado.
Yo veo [el incremento de violencias] asociado a diferentes factores: condiciones preexistentes de empobrecimiento y desigualdad en términos de que somos el estado con mayor pobreza infantil del país; los impactos de la pandemia en términos de desempleo, disminución de ingresos; y los espacios que han ido ocupando grupos armados o delictivos, no necesariamente de delincuencia organizada. Las y los jóvenes, adolescentes, son carne de cañón para el reclutamiento, para la trata, para la explotación laboral”.
La diferencia de cifras parece ser todavía más compleja: al abismo entre los 51 casos que cuenta el registro nacional y los 625 del recuento de Melel Xojobal se agrega un tercer número que la Fiscalía General del Estado de Chiapas aportó a esa investigación, después de una solicitud formal de información. De acuerdo con el oficio folio 070136722000156, durante el año 2021 en ese estado hubo 232 “personas menores de edad reportadas como desaparecidas y/o no localizadas”. ¿51 según el registro nacional, 232 según la fiscalía o 625 documentados por la organización no gubernamental? ¿Cuál es el dato más cercano a la realidad?
La Unidad de Transparencia de la fiscalía chiapaneca agrega que 199 de esas personas fueron localizadas, por lo cual sólo 33 continuarían en calidad de desaparecidas. Y en perspectiva del 2012 al presente, el reporte identifica dos periodos con marcadas alzas en ese delito: 2013-2014, con registros de 170 y 268 casos respectivamente que implican el doble que un año antes; y el presente porque en 2020 y 2021 se contabilizaron allí 208 y 232 casos respectivamente, el triple que en los dos años previos.
Melel Xojobal, que en tsotsil significa luz verdadera, es una organización con 25 años de trabajo en promoción, defensa y ejercicio de derechos de niñas, niños y jóvenes indígenas de Chiapas. Con base en sus propios registros como también en el acompañamiento que hacen de muchos casos, Jennifer Haza ilumina un poco del presente que el gobierno local parece tan empeñado en mantener a oscuras:
“Las ciudades donde más desaparecen las niñas y los niños son las más pobladas, más grandes del estado: Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Tapachula, en la frontera con Guatemala.
Entre un 35 y 40 % de los niños, niñas y adolescentes desaparecidos son indígenas. En términos de edad, razones de género y población de mayor vulnerabilidad coincide con la tendencia y la situación en el resto del país, las adolescentes entre 12 y 17 años.
También identificamos que tres de cada diez niñas, niños y adolescentes que desaparecen no han sido localizados”.
Peor que la media nacional, ya que en otros estados el promedio de no localización es de dos de cada diez.
El reporte obtenido vía transparencia confirma que las ciudades indicadas por Jennifer Haza tienen la principal prevalencia pero agrega también al municipio de Chiapa de Corzo entre los lugares con más casos documentados (11 en 2021). Y aporta algunos otros datos, como la clarísima relación entre edad-nivel de escolaridad-desaparición: aún cuando en 63 de los 232 casos registrados la institución dice no tener información sobre el nivel de escolaridad de las víctimas, de entre quienes sí tiene, destacan los estudiantes de secundaria, que son 75. Más del doble de las víctimas que cursaban primaria (35), preparatoria (33) y preescolar (23). Entre los casos que se tiene información, del 2012 al presente cada año, el mayor número de casos de desaparecidos correspondió al grupo de personas cursando secundaria.
Asimismo, la Fiscalía de Chiapas comparte otros datos no exhaustivos pero importantes de analizar porque refieren a posibles “causas de desaparición”.
De los 199 casos de niñas, niños y adolescentes desaparecidos y localizados en Chiapas el año pasado, dice la fiscalía local, 47 corresponden a “problemas familiares”, 15 a “relaciones personales”, 2 a “parejas sentimentales”, 2 a “motivos laborales”, 1 fue “detenido”, 1 “víctima de delito” y la mayoría del total, 131 “no especificado”.
Foto: Miguel Tovar.
Faltan en Chiapas programas de protección a las infancias, dice Jennifer Haza. Durante el gobierno pasado se elaboró un anteproyecto que no ha sido aprobado, tampoco hay presupuesto para ejecutar estrategias diseñadas en años anteriores. “En el Estado no hay ninguna política pública para prevenir y atender a las diferentes expresiones de violencia contra la niñez”.
Nada para cuidar a 2.1 millones de niñas, niños y adolescentes – un 37.8% de la población total del estado – que crecen en condiciones adversas. Porque en Chiapas más del 75% de la población vive en la pobreza y el 93% sufre carencias.[13]
Rezago parece una palabra que allí todo lo nombra. Según los más recientes reportes oficiales de INEGI y CONEVAL, Chiapas es el estado con:
-mayor porcentaje de la población infantil y adolescente en situación de pobreza y pobreza extrema;
-más elevado porcentaje de niñas, niños y adolescentes con carencia por acceso a la seguridad social;
-mayor porcentaje de mujeres adolescentes que viven casadas o unidas;
-mayor porcentaje de madres adolescentes;
-segundo mayor porcentaje nacional de niñas, niños y adolescentes con carencias sociales como rezago educativo, acceso a servicios de salud y acceso a servicios básicos de vivienda.[14]
Al hambre y la falta de oportunidades se agrega una situación que en esa medida no existe en ningún otro estado: “en el derecho a la identidad somos el estado con mayor rezago. Cuatro de cada diez niñas y niños no están registrados”, resume Jennifer Haza.
Sin documentos, no existen para el Estado.
Sin registro oficial se complica más el acceso a derechos, son más vulnerables.
Ante autoridades, Estado o ley, miles de niñas y niños chiapanecos no existen. Ya están desaparecidos.
Guanajuato
Guanajuato es uno de los estados con mayores índices de violencia en los últimos años, tanto hacia la población en general como hacia las infancias: ha sido la entidad con mayor número de niñas, niños y adolescentes asesinados durante desde el año 2018 al 2021. Sin embargo, esa violencia parece haberse esfumado en un instante, mágicamente, a juzgar por sus datos oficiales.[15]
En lo que va del 2022 ha reportado al RNPDNO apenas 9 casos de desapariciones de niñas, niños y adolescentes, cuando el año pasado registró 85 casos. Uno de sus estados vecinos, Jalisco, no tiene ni el doble de la población infantil que Guanajuato pero ha registrado en el recuento nacional cinco veces más desapariciones.
Pocos datos y mucha opacidad donde la espiral de violencia no ha parado de crecer durante los últimos años. Allí donde apenas en las primeras semanas de este año 2022 hubo 453 homicidios dolosos (de adultos), según datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Allí donde en un día cualquiera, como el martes 8 de marzo por citar un ejemplo, se registran 16 homicidios que incluyen ejecuciones dentro de un restaurante, cuerpos colgados y mutilados, balazos en la vía pública, en calles, balnearios y hogares.[16]
En ese contexto de violencia y riesgo crecen hoy las infancias guanajuatenses, vulnerables. No sabemos siquiera cuántas de ellas son víctimas. Pero hay algo indiscutible: existen. Tienen rostros e historia, personas que les buscan y esperan.
Elliot Janick Barrios Molina desapareció en Celaya el 22 de marzo de 2019. Una cámara de seguridad captó la última imagen que de él tienen sus familiares. Elliot, entonces de 14 años, llegó a una calle donde había ocurrido una balacera en la cual resultó muerto uno de sus tíos.
“Se ve cuando llega el niño en bicicleta. Bicicleta roja, playera blanca, pantalón de mezclilla azul cielo, tenis negro con suela café.
Se ve como que está en shock y que de repente quiere irse. Hay dos lugares por donde se puede ir, poniente y sur. Se ve cómo quiere irse y, como todavía no ponen la cinta [amarilla para delimitar escena del crimen], el niño entra en la bicicleta, se para a media calle enfrente de los departamentos y voltea. Se da vuelta como que está en shock. Desgraciadamente agarró por el camino que se fueron los del carro” [que minutos antes dispararon contra los fallecidos].
Quien lo cuenta es Elvira Ramírez, abuela de Elliot. Una mujer de 63 años, ama de casa y parte de la asociación de colonos de su comunidad donde colabora sin recibir sueldo a cambio.
Elvira cuidó de Elliot durante cinco años porque su mamá emigró a Estados Unidos. No abandonó a sus tres hijos, desde allá los mantenía y realizaba gestiones para llevárselos con visa. Estaba todo listo, faltaban pocas semanas para que Elliot y sus dos hermanos viajaran al otro lado a reencontrarse con su mamá.
Dos años y tres meses después de la desaparición de su nieto, Elvira lamenta que se desaprovecharon las cruciales primeras horas. Primero porque un pariente y la prensa aseguraban que Elliot era uno de los fallecidos, con lo cual lo dieron por muerto durante casi un día. Después un tío hizo la denuncia y las autoridades emitieron la Alerta Ámber tres días después.
“El sábado no pusieron la Alerta Amber. No. Hasta que llegó mi hija [el lunes] le dijeron que iban a meter la Alerta Amber. Y ahí hubo otro error, fue la fotografía. Porque en esos días otro muchachito desapareció y se equivocaron: en la de Elliot pusieron la fotografía del otro muchachito. Mucha gente empezó a compartir eso, nosotros vimos y mi hija se fue a [pedir] que cambiaran la fotografía”.
Se perdieron días muy valiosos para nosotros.
Perdimos tiempo en muchas cosas.
No conocía la Alerta Amber, me enteré ahí”.
Elvira, una mujer activa en su comunidad e informada, no conocía de la existencia de ese mecanismo. Recuerda días de no saber a dónde ir ni a quién recurrir. Días de hospitales y oficinas de policías. Para identificar los supuestos restos de su nieto sólo le mostraron una fotografía de un cuerpo ensangrentado boca abajo y luego, cuando regresó a exigir que le permitieran ver el cadáver, le dijeron que no podían acceder al cuerpo en la morgue, sólo mirar imágenes en una pantalla de computadora. Y en esos días discutió con los forenses, con las autoridades:
“Los encargados de personas desaparecidas trataban mal a la gente. Me peleé con él porque le gritaban a mi hija [la madre del niño desaparecido] y le dije ‘no le grite, ya ve cómo está’. Y me dijo ‘yo soy así”.
Cuando desapareció, Elliot tenía 14 años. Hoy tiene 17. Dice su abuela que le gusta mucho el fútbol y que ama a los animales:
“Le gustaba rescatar animales, perritos. Me traía perritos y me decía ‘esterilízalo y lo damos en adopción’. Me traía gatitos y era lo mismo. A los 14 años todavía dormía con peluches. Era muy bromista, casero, y le gustaba mucho el quehacer. A veces se me olvidaba lavar ropa y se ponía a lavarla él”.
Mientras habla Elvira, detrás se escuchan perros.
Ella siente que su nieto está vivo, que lo tienen forzado en algún lugar, y se dedica por completo a buscarlo. Se integró a un colectivo. Participa en reuniones, marchas, en rastreo de fosas. De ese andar se abre inquietud respecto de niñas, niños y adolescentes como Elliot:
“No veo que haya mucho movimiento en búsquedas en vida. Para mi hay muchas personitas desaparecidas que deben estar vivas. Porque yo he andado en el campo y son muy pocos adolescentes que encontramos y muy pocas mujeres que encontramos [enterrados en fosas clandestinas]. Entonces, ¿dónde están? A los que debemos de buscar es a gente en vida”.
Foto: Miguel Tovar.
Y buscar también entre las corporaciones de seguridad, ya que un caso registrado en 2021 encendió todas las alertas en ese sentido.
Dulce Melissa Mendoza Ramírez, una niña de 12 años de edad, fue víctima de detención arbitraria, privación de la libertad, violencia física y amenazas por parte de la Policía Municipal de la ciudad de León, Guanajuato. El día 16 de octubre la arrestaron -ilegalmente- en la vía pública cuando estaba junto a uno de sus hermanos menores, de 6 años, a quien los agentes abandonaron en la calle poniéndolo en riesgo. A Dulce la tuvieron detenida sin informar a su familia. Su madre, Reina Ramírez, apenas se enteró de ello cuando llamó a la delegación poniente, conocida como Cepol, y le confirmaron que allí tenían a su hija, pero debía pagar fianza para lograr su libertad. Veinte horas más tarde, tiempo que tardó en reunir el dinero y aún dentro del plazo indicado por las autoridades, Reina Ramírez llegó a las instalaciones policiales pero su hija ya no estaba allí.
Le dijeron que la habían liberado, sin estar algún familiar presente, violando el derecho al debido proceso e interés superior de la adolescente. Dulce Melissa estaba desaparecida.
Fue localizada dos meses más tarde, el 11 de diciembre de 2021, durante un operativo tras una denuncia anónima. Lejos de primar el interés superior de la niñez, en el caso de Dulce Melissa ella y su familia se toparon con un Estado que desaparece y deja desaparecer a las infancias[17].
Panorama nacional
Foto: Miguel Tovar.
No hay receta ni una única forma para buscar a niñas, niños y adolescentes en México. En eso coinciden quienes están hoy al frente de las comisiones de búsqueda.
No hay receta porque no existe una única razón o forma de esas desapariciones pero también porque no contamos con elementos suficientes para entender, definir o acotar los contextos en que ocurren. Aunque la ley establece que fiscalías especializadas y comisiones deben tener una unidad de análisis de contexto, en la práctica no ocurre. Se cancela así la posibilidad de concretar lo que se llama “búsqueda por patrones”, una alternativa definida en el Protocolo Homologado de Búsqueda y según la cual:
“Nos tenemos que preguntar: ¿hay un caso igual a este? Porque la experiencia en otros países lo enseña: si miro uno puedo ver otro y otro, un resultado puede llevar a otra persona cuando no tenemos información pero también nos ayuda en cuanto a medidas de prevención. Si tengo identificado un patrón de actuación se pueden crear políticas públicas encaminadas a la prevención”.
Quien lo explica es Sonja Perkic-Krempl, Directora General de Búsqueda dentro de la Comisión Nacional de Búsqueda y experta en análisis de contexto. El año pasado desde su oficina se emitió una guía llamada El ABC del análisis de contexto para facilitar la tarea en todos los estados de la República.[18]
Perkic-Krempl, de hablar puntual y nada complaciente, tiene larga experiencia en temas de desaparición. Es maestra en derechos humanos, trabajó durante varios años en la documentación de casos en Guatemala y antes de llegar a la Comisión Nacional de Búsqueda también fue parte de la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas de Jalisco. Conoce de ausencias como de trabas administrativas, por eso insiste con el análisis de contexto y la identificación de patrones como formas de buscar. Esa es su trinchera.
La realidad muestra que resta mucho por hacer: en los últimos meses, de las 32 comisiones locales de búsqueda – porque ya todos los estados cuentan con esa instancia -, sólo 2 emitieron estudios de análisis de contexto: Estado de México y Nayarit.
¿Qué se requiere para que la herramienta se multiplique? Perkic contesta de inmediato y sin dudas: “voluntad política”. Que las autoridades tomen la decisión de crear puestos, designar presupuesto y personal. Porque a nivel federal, en la CNB por ejemplo, el área de análisis de contexto tiene asignadas sólo a tres personas y la situación se repite prácticamente todo el territorio excepto en Estado de México y Jalisco, donde cuentan con unos 30-40 trabajadores en esa área.
“Tiene que ser un área que surte a todas las dependencias de la fiscalía porque si hablamos de sistemas criminales hablamos de patrones de actuación. De empresas criminales donde la desaparición es una de las expresiones pero también robo de vehículos, extorsión, homicidios. Entonces si interrelaciono todo esto voy a salir de búsqueda individualizada [hacia patrones].
Si hablamos de cómo debería ser, debería haber una unidad de análisis no sólo criminal sino de contexto surtiendo a toda una fiscalía, eso sería lo ideal. Porque al final, ¿qué son las desapariciones de personas que encontramos luego [en fosas] debajo de la tierra? En el momento en que las encontramos pasan a homicidios y ya no se juntan A, B, y C”.
Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, completa la idea:
“La ley es muy clara con la necesidad de creación de unidades de análisis de contexto en todos los estados.
Tendríamos que transitar más allá de la búsqueda individualizada.
Si no entendemos que la desaparición en México de 100 mil personas es contextual y tiene que entenderse de esa manera, no vamos a avanzar ni en verdad ni en justicia. No puedo pensar que estoy buscando a Karla, tengo que estar buscando todas las personas que desaparecieron en el mismo contexto que Karla. Y en niñez es fundamental. No se las llevan por ser Karla Quintana sino por ser una mujer de 17 años en el Estado de México como se llevan a un chico por estar en situación de vulnerabilidad en Tierra Caliente, Michoacán.
Es un diagnóstico. El análisis de contexto con fines de búsqueda sirve no sólo para no entrar a ciegas, te puede dar información específica”.
Y en el caso de los estudios realizados en Edomex y Nayarit la información muestra que las causas de las desapariciones son varias. En el Estado de México, por ejemplo, el informe conjunto realizado por Comisión Nacional de Búsqueda y REDIM identifica tres causas principales: trata de personas con fines de explotación sexual, trata de personas para realizar actividades delictivas, adopción ilegal.[19]
Sonja Perkic, quien coordinó esa investigación junto a Adriana González Veloz, dice que en su experiencia le han sorprendido también la ocurrencia de otras situaciones, patrones que han ido identificando en la desaparición de niñas, niños y adolescentes:
“Muchísimo tiene que ver con sustracción de menores, con sucesos tutelares, de patria potestad. Incluso aún con resoluciones definitivas de juzgado, uno de la pareja sustrae a la o el menor.
Además, las adopciones ilegales y el reclutamiento forzado. Los jóvenes adolescentes hombres que son obligados a incluirse en estructuras del crimen organizado, los halcones que vigilan suelen ser niñas.
Lo que nosotros logramos identificar son tres grandes universos: uno es la sustracción, otro el reclutamiento forzado y el tercero cuando huyen de contextos de violencia”.
El análisis de contexto de Nayarit mostró que si bien el perfil de víctimas es numéricamente mayor en caso de mujeres adolescentes, aparece un factor inesperado que destaca en el perfil de los hombres víctimas de desaparición: narcomenudeo y adicciones.
“En ocho años, el consumo de este tipo de sustancias incrementó de manera significativa, tanto en la población general como, de manera particular, entre los hombres, cuya prevalencia de consumo pasó de 10.8%, en 2008, a 20.2 por ciento, en 2016.
Esta información no puede subestimarse en el contexto de las desapariciones de Nayarit, considerando que en la entidad se registraron 1 mil 829 delitos de narcomenudeo, el 51.28% (938) de los cuales se cometió entre 2017 y 2019”.[20]
Esa caracterización, así como la conciencia de que el porcentaje de adicción de adolescentes en ese estado es mayor que la media nacional, dice la comisionada Quintana, deben servir como punto de partida para conocer la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes en esa entidad.
Otro hallazgo de las investigaciones en búsqueda y los análisis de contexto en ambos estados es la estigmatización. Una condición que golpea a las infancias, sobre todo adolescentes, cuando ya están desaparecidas. Así lo explican Karla Quintana y Sonja Perkic, respectivamente:
“La estigmatización respecto de la niñez desaparecida es muy fuerte. Son dos tipos de estigmatizaciones, sobre todo con adolescentes hombres y mujeres. De ellos dicen que forman parte de la delincuencia organizada y de las chavas que se fueron con alguien.
¿Por qué es importante decir esto? Porque la ley no distingue entre un muchacho de 17 y un niño de 7 años o un bebé de 7 meses en términos de respuesta del Estado de la búsqueda inmediata, por ejemplo, que se abra una carpeta de investigación, se emita una alerta Ámber, pero la respuesta del funcionario es muy diversa”.
“Lo que más obstaculiza en búsqueda inmediata de adolescentes es la criminalización de los jóvenes. [Las autoridades] dicen ‘en algo anda metido’ o ‘se fue de parranda, no te pongas histérica, ya va a regresar’. Cito esto porque lo hemos escuchado de familiares muchas veces.
Muchas veces las autoridades no ven esa parte o tienen que priorizar porque están saturadísimos y entonces dicen ‘bueno, este ya se me fue cinco veces a la fiesta y yo tengo otro caso que veo más importante, hay que progresar’. Es una realidad también”.
La experiencia resulta desoladora: a las y los adolescentes en México tal vez las autoridades les buscan menos porque el estigma condena anticipadamente. Y exculpa a los responsables, incluso si por aquiescencia o acción directa son miembros del Estado.
Karla Quintana ya tiene piel gruesa porque concede varias entrevistas cada día y enfrenta críticas a su gestión. Pero al hablar de estigmas e infancias cambia su actitud. Levanta la voz, acelera el hablar, sus emociones brotan:
“Tenemos casi 100 mil personas oficialmente reportadas como desaparecidas y mi percepción es que a la sociedad mexicana no le importa. Esto tendría que ser un escándalo, objeto de indignación, de marchas masivas, de lo que uno esperaría con este altísimo número de personas desaparecidas y familias afectadas en nuestro país.
Mi percepción es que esto de que a la sociedad no le importa baja a las autoridades, entonces ahí hay un círculo vicioso que hace que no se exija desde la población en general una respuesta distinta. No lo digo con el afán de quitar la obligación que tenemos las autoridades, lo digo más como una observación sociológica desde afuera. El hecho de que una sociedad no responda no quiere decir que las autoridades no tenemos la obligación de responder pero hay un círculo vicioso muy fuerte de estigmatización. Y un tema que poco se ha tratado es el sujeto, los sujetos que están siendo desaparecidos que además de la edad tiene que ver la racialización y creo que no se ha tratado.
Son chavos de extracto socioeconómico bajo, son chavos probablemente sin instrucción mayor de la secundaria, son chavos que están en un estado de vulnerabilidad. Siento que son chavos que no le importan al Estado. Sobre todo en el caso de los hombres veo una racialización muy fuerte. Creo que es importante empezar a visibilizar esto y tratar de entender por qué a la sociedad no le importa”.
Sol Salgado, la mujer que busca a desaparecidos desde hace más de diez años en el Estado de México, también cree que una parte de la solución dependerá no sólo de autoridades y familiares:
“Es vital que la ciudadanía se sensibilice que esto no es responsabilidad sólo de los padres y las madres, que todos los niños y niñas son responsabilidad de todos. Si sabemos que se encuentran en una situación de peligro, tengamos algún lazo o no, de sangre, de vecindad, sensibilizar a nuestra sociedad de que se requiere el respaldo de todas y todos.
Porque en el tema de violencia un niño no va a llegar solito ante una agencia del ministerio público a denunciar con un policía. Siempre va a ser recargado en nosotros sociedad adulta quienes tengamos que facilitar los medios y cuando lo vislumbremos no esperar, no decir ‘es un problema del vecino o de la vecina’ sino ‘es un problema que estamos detectando y nos afecta a todos’.
Hacer un poco más de campañas. Recuerdo que cuando yo era niña había campañas en México que se denominaron ‘Mucho ojo’. Ese tipo de campañas ya no se han realizado y ayudarían mucho porque dan cuenta de cómo reaccionar.
La actuación estatal [es importante] pero qué haríamos si no hubiera información social, colaboración inmediata. Es la combinación perfecta y en todos los casos de niñas y niños ha tenido trascendencia vital porque hemos encontrado personas por este aviso oportuno. Esa corresponsabilidad que adquiera la sociedad de que regresen a casa”.
Andrés Díaz Fernández también piensa que se debe crear campañas, difusión, alertas hacia la sociedad para construir conocimiento común y así prevenir que las infancias sigan desapareciendo. Esto coincide con el análisis de varias organizaciones dedicadas a la niñez y personas expertas; incluso es un elemento que formó parte de las recomendaciones que este año emitió el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, tras visitar México en 2021.
“Se tiene que hacer una campaña de sensibilización y debe estar también enfocada en aspectos educativos, pedagógicos, etcétera. ¿Cómo creemos nosotros que puede ser mejor esa campaña? Se tiene que abatir la estigmatización, difundirse ampliamente en escuelas y es importante ver cómo porque el tema de la desaparición de personas es fuerte.
Tal vez REDIM o algún otro espacio debe ser parte de generar ese contenido porque ¿cuál pedagogía dará el Estado si no quiere hablar de este tema?
Se puede abordar tanto qué es la desaparición, qué derechos tenemos – enmarcar siempre en derechos humanos – y también ligar con impunidad y justicia, qué es justicia y cómo debe servir. (…)Al tema de la prevención no hay que soltarlo y cada vez tiene que ser más fuerte.
Un esfuerzo de pedagogía que al Estado no le requiere más que hablar o moldear y puede prevenir”.
“Pero no desesperarnos porque siguen ocurriendo casos. Tienen que ser programas no de uno o dos años, programas de 20 años para educar sobre la desaparición a ver qué logramos”.
Leyes, protocolos, instrumentos
Hay un terreno donde han dado frutos los esfuerzos: leyes y protocolos. En este año 2022, México cuenta con instrumentos legales, operativos y concretos que fueron construidos desde la perspectiva o incluyendo el interés superior de la niñez.
Son:
* La Alerta Amber, orientada a la búsqueda inmediata desde 2010.[21]
* El Protocolo Alba, para la búsqueda específica de mujeres y niñas, desde 2003 en Ciudad Juárez y a partir de 2012 en el resto del país en los estados que deciden implementarlo.[22]
* La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, aprobada en 2017, que crea además el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.[23]
* El Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada (PHB), desde el año 2020.[24]
* El Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes (PABNNA), el más exhaustivo en lo que a derechos de la infancia refiere, vigente desde julio de 2021.[25]
Partiendo de reconocer lo ganado en ese terreno, la ventaja de contar con un andamiaje legal y operativo, es momento de comenzar a mirar cómo han funcionado en la práctica, cómo ha sido su ejecución y los resultados hasta ahora.
Todas las personas expertas consultadas coinciden en una evaluación positiva de la Alerta Amber, que dicen cuenta con el plus de ser bastante conocida entre la población. Aunque resta difusión, como lo muestra el caso de Elliot en Guanajuato y siguen existiendo deficiencias de aplicación como abordaremos más adelante con Monse, en general muchas personas saben que la alerta existe y, aún sin detalles al respecto, tienen conciencia de que es una herramienta específica para buscar a infancias desaparecidas. Exigen por tanto a las autoridades aplicarla con mayor frecuencia, y no solo en un número limitado de casos, como sucede ahora.
“Ha sido de gran ayuda aquí en el Estado de México”, dice la comisionada de búsqueda y ex fiscal de desaparición en esa entidad, Sol Salgado:
“La primera alerta que se detona en el 2013 es de una pequeñita de cuatro años que fue robada en Texcoco y localizada en El Salvador dos semanas después de su desaparición.
Sí nos dejó una enorme enseñanza de que la búsqueda debe ser de manera inmediata pero en el caso de las niñas y los niños ellos no pueden aportar muchos datos, puede ir cambiando su fisonomía, pueden ser susceptibles de adopciones ilegales y todo eso pues amplía la necesidad de que agilicemos los procesos. Cuando llega Alerta Amber al Estado de México se adopta como una herramienta importantísima porque des-formaliza todos los procedimientos que antes se tenían judicializados.
Además porque evidencia que la búsqueda inmediata de las niñas y los niños es de todas las instituciones pero también de todas las personas, de toda la ciudadanía. Que nos aporten datos cuando un niño o una niña no está con sus padres o con la persona que debería estar”.
Jennifer Haza, desde la sociedad civil de Chiapas y a partir de los casos que acompaña la organización Melel Xojobal también reporta avances:
“En los últimos dos años hemos visto una mejora en términos, por ejemplo, de la Alerta Amber. O sea cada vez escuchamos menos que ante las denuncias a las familias les digan ‘espérese tantito porque a lo mejor se fue con el novio’ o ‘hay que esperar 72 horas’. Eso se ha ido reduciendo en la atención”.
Aunque en las búsquedas del sureste, dice, persiste la discriminación a personas hablantes de lenguas indígenas porque el Estado no cuenta con intérpretes suficientes. A veces no hay quien traduzca a las familias que sufren la desaparición de sus niñas, niños y adolescentes, no hay ayuda para la comprensión de procesos complejos en lo legal, lo formal, lo operativo. La discriminación en Chiapas también toma esa forma.
Gabino Gómez Escárcega, defensor de derechos humanos integrante del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM),[26] agrega que en Chihuahua, el estado donde reside y trabaja, también ha sido útil el Protocolo Alba.
“Sí me entero de que se está aplicando pero más bien se aplica cuando se ejerce presión, cuando hay mucha presión de los medios, de la opinión pública o asociaciones”.
Fundador del CEDEHM en 2005, tiene más de 16 años acompañando a familiares de víctimas en Chihuahua y varias décadas como activista por la justicia social. Gabino Gómez conoce el peregrinar de las familias por puertas infinitas, montañas de documentos y burocracias aletargadas. Por eso es más crítico a la hora de evaluar a las leyes y protocolos vigentes. Con el tono arrastrado del hablar norteño dice:
“No funcionan. Siempre que hay alguna problemática inmediatamente es de ‘vamos a crear una ley’ y se envuelven en discusiones eternas. Luego ya se aprueba la ley y ‘vamos a aprobar el reglamento’, otro tiempo. Luego ‘vamos a aprobar el protocolo’ y ahí se pasan los años, los años y nunca se atiende”.
“Mientras no se atienda esta problemática pues no va a suceder nada importante, va a seguir la impunidad, va a seguir cometiéndose el delito”.
Las esperanzas de muchos giran en torno del PABNNA pero también coinciden en que menos de un año de vigencia no es tiempo suficiente para evaluar a ese instrumento. Más bien, partiendo de que la existencia del protocolo significa una victoria en sí para las infancias, buscamos identificar puntos ciegos: aspectos por mejorar o atender.
Expertas y expertos detectan tres puntos sobre los cuales se debería avanzar ahora. Uno, que sea conocido (y utilizado) por funcionarios y familias. Dos, capacitar a quienes deben implementarlo. Tres, armonizar las reglas y leyes vigentes en todos los territorios del país.
Para que se use deberían sortearse primero las diferencias que persisten entre fiscalías y comisiones de búsquedas, donde “la coordinación es prácticamente inexistente”, resume la comisionada nacional Karla Quintana. “Nosotros solicitamos en diversas ocasiones sentarnos con la Fiscalía General de la República específicamente para ver el tema de la Alerta Amber [en el proceso de creación del PABNNA] y nunca nos recibieron”. Más allá de ese incidente y del actual problema interno del Estado mexicano, Quintana dice que ahora importa cómo hacer llegar el protocolo a la población porque “y eso sí es autocrítica, los protocolos terminan siendo bastante complejos”.
Las voces de sociedad civil que acompañan casos, en específico las organizaciones Melel Xojobal y CEDEHM, de Chiapas y Chihuahua, dicen que en sus estados prácticamente no se conoce el PABNNA ni han visto que se aplique o implique alguna diferencia respecto de las gestiones en el pasado.
Trabajan mientras tanto algunas instituciones en difundir las herramientas vigentes. La Comisión Nacional de Búsqueda y el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) impulsan diversos cursos de capacitación, conversatorios y talleres (en los cuales también REDIM ha sumado esfuerzos).
Gabriela Polo Herrera, directora de Políticas de Prevención y Atención de Violencias de SIPINNA, explica la manera en que ellas y ellos están difundiendo esos contenidos:
“Tenemos un curso de 22 horas. Es un curso híbrido porque tratamos de adecuarnos mucho a las necesidades, los tiempos y las posibilidades. Lo hemos puesto a disposición de las diversas autoridades para que puedan replicarlo. El curso tiene apertura para cien usuarios. Pueden entrar a una plataforma interactiva donde pueden revisar el contenido, los documentos, y van realizando actividades didácticas. Una vez que han revisado tenemos una sesión sincrónica, virtual, en donde revisamos materiales, se aclaran dudas y se lleva hacia la implementación en su trabajo cotidiano.
Lo que se revisa es marco general de derechos, enfoque de niñez y adolescencia, violencias para que identifiquen diversos tipos de violencia [incluida la desaparición] y de ahí nos vamos a mecanismos específicos.”
Son cuatro los funcionarios de la Secretaría ejecutiva de SIPINNA nacional que atienden la entrevista para esta investigación. Junto a Gabriela Polo están Verónica Valero Arce, Alejandro Villa Ceballos y Jovita Aguilar Ponce, todos del Departamento de Políticas de Atención de Violencias. Cuentan que en ese mismo momento la capacitación para atención a violencias que sufren las infancias, incluida desaparición, está realizándose a un grupo de docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional, el CONALEP, esa alternativa de educación a distancia y orientación para millones de jóvenes. Poco antes implementaron el curso híbrido en Hidalgo con participación de autoridades de seguridad, administrativos y personas de líneas de ayuda.
Dicen que el funcionamiento del curso puede evaluarse en dos sentidos:
“En promedio tenemos aproximadamente un 60% de eficiencia terminal [es decir seis de cada diez lo concluyen]. Pero la eficiencia terminal en educación a distancia siempre es baja.
La receptividad ha sido muy buena en los comentarios, en los foros de discusión. Porque una vez que identifican las violencias a niños y adolescentes, que son sujetos de derecho, hemos tenido comentarios de cómo ellas y ellos en su niñez o adolescencia fueron víctimas de violencias. Y ahí sobre todo encuentran la necesidad de hacer mejor su trabajo y tener claro cómo se deben articular con autoridades”.
Gabriela Polo Herrera tiene paciencia, la que se requiere para coordinar esfuerzos de diversas instituciones en 32 estados con sus respectivos municipios. Habla con amabilidad y explica que enfrente hay un desafío más allá de enseñar una ley o un protocolo:
“El reto es hacer un cambio cultural en las personas para que puedan comprender el tema de la niñez y la adolescencia. Desnormalizar diversos tipos de violencia como la violencia sexual y el castigo corporal. Visibilizar.”
Como el PABNNA y el Protocolo Homologado fueron aprobados durante la pandemia, resulta comprensible que no hayan llegado aún a conocimiento de todos los servidores públicos, dicen los funcionarios de la secretaría ejecutiva del SIPINNA. Y aunque aún no pueden evaluar a ese instrumento, su siguiente prioridad está en ello: en lo que resta de 2022 y todo el 2023 se enfocarán en un diagnóstico de funcionamiento de PABNNA y Protocolo Alba, que será realizado por la CNB.[27] El próximo año también buscarán llenar ese gran hueco ya mencionado aquí:
“Es una de las carencias que se han visibilizado, la falta de diagnóstico. Porque si bien se tienen identificados subyacentes generales que tienen que ver con violencia armada, delincuencia organizada, tráfico de drogas, desigualdad de género y otras violencias asociadas como pobreza y migración, no hay un diagnóstico específico”.
Dice Gabriela Polo y Jovita Aguilar completa:
“Lo que se pretende es la elaboración de estudios sobre las causas, la distribución geográfica, la frecuencia delictiva. Que cuente con estadísticas, tendencias históricas, evolución, patrones de comportamiento. Estos estudios de diagnóstico nos ayudan a hacer políticas públicas adecuadas y aterrizadas. Pero no lo tenemos. Se está planeando para este año y el siguiente”.
Al curso híbrido de SIPINNA se han inscrito 639 personas entre febrero y junio de 2022.
Por su parte, la Comisión Nacional de Búsqueda y REDIM también han creado e implementado capacitación enfocada en el Protocolo Homologado de Búsqueda y el PABNNA, a través de un curso gratuito en línea. El balance es exitoso: hubo 900 inscritos en el primer ejercicio (segundo semestre 2021) y hubo más de 1100 para el ejercicio que inició en julio de 2022. En su mayoría han sido capacitados funcionarios públicos de diversas dependencias como comisiones locales de búsqueda, autoridades ministeriales e instituciones de seguridad pública.[28]
La comisionada Sol Salgado, del Estado de México, dice que su equipo de trabajo ya aplicaba desde antes varias prácticas contenidas en el PABNNA como es la inclusión de fotografías de personas sospechosas en los boletines de búsqueda de desaparecidos. Pero no ocurre igual en todas partes y por eso son tiempos de insistir en “la constante y permanente capacitación de todas las autoridades y actores intervinientes porque hay muchos que lo desconocen y ante una autoridad que desconoce pues es un retraso y una obstrucción para todo el procedimiento”.
Por último, “lo que urge es la armonización de los protocolos que existen porque cuando hablamos de niños y niñas es donde más diversidad de protocolos hay”, opina Sonja Perkic. Y relata que en ese sentido la Comisión Nacional de Búsqueda hace un esfuerzo junto con la Comisión Nacional para Prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM). Intentan armonizar los protocolos Alba en México porque actualmente cada estado tiene que emitir el propio y, aunque muchos son parecidos, las pequeñas diferencias pueden complicar acciones concretas.
En ese esfuerzo por armonizar documentos (y criterios) ya han organizado dos reuniones en las cuales participan enlaces de 32 comisiones estatales de búsqueda, fiscales y fiscalías especializadas. Algo que Quintana no duda en definir como “un logro”. Pero al menos por ahora, no es una política de Estado sino una iniciativa particular de personas que hoy ocupan cargos públicos.
Más allá de estos tres puntos ciegos, hay una situación que limita todo el accionar. Se trata del conflicto que a nivel nacional existe entre las fiscalías y las comisiones de búsqueda.
Una tensión que todo lo impregna, que sigue presente pese a los varios protocolos aprobados. Dice Sonja Perkic:
“[El protocolo] es eje rector para todas las comisiones de búsqueda, te puedo garantizar que todos toman estos protocolos, pero hay una abierta conocida resistencia por parte de las fiscalías para aplicarlo. ¿Por qué? Porque va más allá de su protocolo homologado de investigación y los involucra como actor primario en las acciones de búsqueda. La realidad nos arroja que las fiscalías se concentran en individualizar a los responsables pero no en localizar a la persona.
Hay estados donde la fiscalía no se comunica pero para nada con la comisión local de búsqueda y otros donde hay una buena coordinación. Es difícil generalizar. Pero este obstáculo no está superado”.
Impunidad
El tema impunidad es central para comprender la desaparición de niñas, niños y adolescentes. Se trata de una dinámica estructural: hay casi 100% de impunidad en temas de desaparición; hay apenas 36 sentencias en más de 100 mil casos; son datos oficiales recogidos por el Comité contra la desaparición forzada de la ONU. Y si observamos cuántos casos de desapariciones de adolescentes, niñas o niños han sido adecuadamente investigados; en cuántos se ha establecido la responsabilidad, ya sea de personas particulares o servidoras públicas; y en cuántos se ha dictado una sentencia por la desaparición de algún niño, niña o adolescente, la cifra que exhibe la total impunidad es incuestionable: 0 casos.
Sin embargo, en el amplio diálogo social que debe sostenerse en torno a este tema, también debería abordarse el asunto de la sensación de impunidad. Repetimos que ‘en México no pasa nada’ y cada vez que lo repetimos, esa sensación se hace viva. Sin duda es una sensación reflejo de lo que pasa, pero tampoco abona la confianza de las autoridades y las autoridades, que tampoco sostienen, pueden encontrar una zona de confort para su inacción. Resulta fundamental sostener la exigencia de justicia y de alto a la impunidad en los casos de desapariciones, también de las de niñas y niños.
[1] Comisión Nacional de Búsqueda. 2022. Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/Index
[2] Consejo Estatal de Población del Estado de México. 2022. ¿Cuántos somos? https://coespo.edomex.gob.mx/cuantos_somos
[3] Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). 2022. Entidades federativas. https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/EstadodeMexico/Paginas/principal.aspx
[4] REDIM, Red por los Derechos de la Infancia en México, Reclutamiento y Utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos. https://issuu.com/infanciacuenta/docs/reclutamiento_final_7_de_diciembre_compressed_1_
[5] Entrevistado en septiembre de 2020.
[6]Redacción Animal Político. 25 de junio de 2021. Una década de violencia en Tamaulipas: masacres y enfrentamiento de cárteles. Animal Político. https://www.animalpolitico.com/elsabueso/decada-violencia-tamaulipas-masacres-carteles/
[7] SEP, Secretaría de Educación Pública, Principales cifras del sistema educativo nacional 2019-2020. https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2019_2020_bolsillo.pdf
[8] SEP, Secretaría de Educación Pública, Principales cifras del sistema educativo nacional 2019-2020. https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2019_2020_bolsillo.pdf
[9] Anaya, S.; Torres, A.; Orozco, I.; Franco, D. 2021. Niñez y adolescencia desaparecida en Jalisco: una crisis inadvertida. Zona Docs. https://www.zonadocs.mx/ninez-y-adolescencia-desaparecida-en-jalisco-una-crisis-inadvertida/
[10] CLADEM-UNFPA, Comité de América Latina para la Defensa de los Derechos de las Mujeres y Fondo de Población de las Naciones Unidas. Investigación sobre la interrelación y los vínculos entre la violencia sexual y la muerte de niñas y adolescentes en la región de América Latina y el Caribe (2010-2019). https://cladem.org/investigaciones/index.php/vinculos-entre-violencia-sexual-y-muerte/
[11] Melel Xojobal, Trabajando por los derechos de la infancia y juventud indígena. http://www.melelxojobal.org.mx
[12] Fiscalía General del Estado de Chiapas. ¿Has visto a? https://www.facebook.com/fibup
[13] Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). 2022. Entidades federativas, Chiapas, Pobreza. https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Chiapas/PublishingImages/Pobreza_2020/Pobreza_2018-2020_CHIS.jpg
[14] REDIM, Red por los Derechos de la Infancia en México. Junio, 2022. Ficha técnica: Infancia y adolescencia en Chiapas (2022). https://blog.derechosinfancia.org.mx/2022/06/23/ficha-tecnica-infancia-y-adolescencia-en-chiapas-junio-2022/
[15] REDIM, Red por los Derechos de la Infancia en México. 2022. Violencia contra infancia y adolescencia en Guanajuato (mayo 2022). https://blog.derechosinfancia.org.mx/2022/05/13/violencia-contra-infancia-y-adolescencia-en-guanajuato-mayo-2022/
[16] Vázquez, Luciano. 9 de Marzo de 2022. Violencia no para en Guanajuato: asesinan a 16 personas en un día. El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2022/03/09/violencia-no-para-en-guanajuato-asesinan-a-16-personas-en-un-dia/
[17] Madres Guerreras de León y Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM). 13 de diciembre de 2021. ¡Justicia para Dulce Melissa! https://derechosinfancia.org.mx/v1/justicia-para-dulce-melissa/
[18] SEGOB, Secretaría de Gobernación, El ABC del Análisis de Contexto. Herramientas básicas del análisis de contexto orientado a la búsqueda de personas desaparecidas. https://www.gob.mx/cnb/documentos/el-abc-del-analisis-de-contexto-herramientas-basicas-del-analisis-de-contexto-orientado-a-la-busqueda-de-personas-desaparecidas
[19] REDIM, Red por los Derechos de la Infancia en México, 2021, Desaparición de Mujeres Adolescentes, Niñas y Niños en el Estado de México. https://issuu.com/infanciacuenta/docs/informe_edomex_versio_n_pu_blica
[20] SEGOB, Secretaría de Gobernación, y CNB, Comisión Nacional de Búsqueda, 2021, Análisis de Contexto. Informe sobre las Acciones Urgentes Caso Nayarit. https://www.dropbox.com/s/y44hoz1ehmj9v05/VERSIÓN%20PÚBLICA,%20ANÁLISIS%20DE%20CONTEXTO%20CASO%20NAYARIT.pdf?dl=0
[21] Gobierno de México, Alerta Amber. http://www.alertaamber.gob.mx
[22] Gobierno de México, Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las mujeres, Protocolo Alba: la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas. https://www.gob.mx/conavim/articulos/protocolo-alba-la-busqueda-inmediata-de-mujeres-y-ninas-desaparecidas-262178
[23] Cámara de Diputados del Honorable Congreso de La Unión, 2017-2022, Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDFP.pdf
[24] Gobierno de México, 2020, Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/342262/Protocolo_Desaparici_n_Forzada_agosto_2015_Espa_ol.pdf
[25] Gobierno de México, Diario Oficial de la Federación, 15 de julio de 2021, Protocolo
Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes, PABNNA. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/653978/2021-07-15_PANNA_versi_n_DOF.pdf
[26] Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM). https://cedehm.org.mx/es/
[27] Gobierno de México, Secretaría de Gobernación (SEGOB), Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y Comisión para poner fin a toda forma de violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes (COMPREVNNA), 2019, Plan de Acción 2019-2024 de México en la Alianza Global para Poner Fin a la Violencia contra la Niñez. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/643741/PLAN_DE_ACCION_2019-2024.V2021.pdf
[28] CNB, Comisión Nacional de Búsqueda, y REDIM, Red por los Derechos de la Infancia en México, 2022, Curso en línea: Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas y Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes. https://twitter.com/Busqueda_MX/status/1532454594579775533?t=7-ktdPibKnH6kgAQgtR2ow&s=08
